La República Dominicana tiene una población de 9.8 millones de habitantes y está
dirigida por un Estado institucionalmente débil, compuesto por tres poderes, el Ejecutivo,
representado por el Presidente, quien concentra la mayor parte del poder, el Legislativo,
formado por 32 senadores y 178 diputados y el Poder Judicial. Los dos primeros, son
elegidos democráticamente cada cuatro años en elecciones separadas y el ‘último
escogido en forma vitalicia. De los 9.8 millones de habitantes, según la CEPAL, para el
2007 más del 44% vive en condiciones de pobreza o sea que viven con menos de 70
pesos diarios por personas y solo pueden comer una vez al día y el 22 % vive en
condiciones de pobreza extrema o sea con menos de 35 pesos diario por persona por lo
que no pueden comer todos los días.
Desde la muerte de Trujillo, el estado ha sido dirigido por el Partido Reformista, el PRD y
el PLD, y a pesar de la oportunidad y la esperanza depositada por la población
dominicana en estos tres grupos, los problemas básicos que afectan las grandes
mayorías no han sido resueltos y por el contrario muchos de ellos se han agravado
causando la muerte temprana a muchos(as) dominicanos (as).
Pobreza, corrupción, inseguridad ciudadana, baja inversión en salud y educación, falta de
agua potable, no inversión en áreas productivas, alta tasa de desempleo, alta carga
impositiva, pésimos servicios de electricidad son parte de los principales problemas que
afectan a la población, y que no han sido resueltos por quienes han dirigido la nación,
independientemente del partido de gobierno.
Esta constelación de problemas se mantiene a pesar del crecimiento económico
registrado en el país en los últimos 50 años. ¿Por qué no existe una correlación entre
este crecimiento económico y la solución de los graves problemas que afectan a las
mayorías que debe expresar en mayor bienestar? La Republica Dominicana paso de un
modelo agroexportador construido con ahorro e inversiones nacionales
fundamentalmente y con una relativa retribución positiva del ingreso. Este modelo
agroexportador se caracterizo por una débil acumulación de capital interno y ahorro
debido al deterioro de los términos de intercambio donde vendíamos productos a precios
baratos y compramos a precios elevado. Este modelo también se caracterizo por el uso
intensivo de mano de obra y baja tecnología con baja productividad, salarios bajos y poco
ahorro.
Este modelo agroexportador fue sustituido por un modelo industrial de sustitución de
importaciones bajo protección estatal amparado en la ley 299, que si bien generó un
sector manufacturero no pudo desarrollarse como tal por sus debilidades estructurales.
En la década de los 80 antes las presiones internacionales frente al incremento del
desempleo, de la pobreza, las movilizaciones sociales y la lenta acumulación de capital
del modelo anterior, condujeron a replantear un nuevo modelo caracterizado por
inversiones extranjeras en la explotación de sectores no tradicionales como son turismo,
zona franca, exportación de trabajo, telecomunicaciones y comercio y banca.
Este modelo genera un crecimiento deformado con alta concentración de las riquezas y
una dualidad en los sectores productivos: por un lado un sector altamente competitivo con
uso de alta tecnología orientado al mercado exterior y por el otro lado sectores de lento
crecimiento con baja tecnología orientado al consumo nacional el cual se caracteriza por
ser muy débil. Este modelo agrego además altas transferencias de las ganancias hacia el
exterior como consecuencia de la reforma de inversión extranjera que garantizo la
expatriación del 100% de las ganancias, alrededor de 17 mil millones de dólares desde el
1996 a la fecha con una inversión menor al 50% de la repatriación.
En la década del 90 el modelo productor de servicio por presiones del gran capital
internacional se impusieron las políticas conocidas como Consenso de Washington de
privatizaciones, desregulaciones, libertad financiera y comercial que profundizaron la
dependencia económica y las desigualdades económicas y sociales. Privatización del
sector eléctrico, empresas estatales, los puertos y aeropuertos, concesiones de vías
terrestre, arrendamiento de recursos naturales como la tierra, los tratados de libre
comercio, las reformas al sistema financiero permitiendo la entrada del capital financiero
extranjero y la devaluación monetaria.
Ese crecimiento deformado responde a los intereses de los poderes económicos
multinacionales y nacionales y ha generado una alta concentración del ingreso a tal punto
que ell 10% de la población con mayores ingresos tiene más de 25 veces los ingresos
del 10% con menos ingresos según la CEPAL 2007.
El modelo económico dominicano también se ha caracterizado por fluctuaciones
frecuentes como resultado de alta vulnerabilidad que le ha generado su alta dependencia
de los mercados internaciones, la caída en los precios de los productos de exportación y
los aumentos en los precios de las importaciones como petróleo, materia prima y alimento
, la caída en los ingresos por turismo, zona franca, incremento en los pagos de los
servicios de la deuda externa. También las crisis financiera mundial y nacional como
resultado de las desregulaciones impuestas por el modelo neoliberal que ha permitido
fraudes contables y financiero y por lo tanto las quiebras de múltiples bancos.
Como consecuencia de la dependencia extranjera y ante la falta de recursos económicos
internos, por no existir ahorros suficientes, la estrategia de crecimiento ha sido sostenida
con el endeudamiento desproporcionado y la inversión extranjera, a la cual se le ha
creado un ambiente fiscal y de infraestructura favorables, y aunque ha contribuido con el
crecimiento económico no así con la distribución de los beneficios entre los dominicanos
para reducir la pobreza, pues su principal aporte ha sido el salario, y el mismo, se ha
sustentado en niveles exageradamente bajos, en el supuesto de atraer mayores
inversionistas a disfrutar de la mano de obra barata.
El modelo de desarrollo en la República Dominicana se caracteriza por una baja inversión
en el desarrollo de capital humano, educación, salud, protección social, seguridad
publica, dotación de agua potable, protección ambiental, entre otras.
También ha estado acompañado de una baja inversión en infraestructura para el
desarrollo como son energía eléctrica, carreteras, caminos vecinales, puentes, escuelas,
hospitales, etc.
Superar este estado de cosas es posible y es un compromiso urgente de todos los
dominicanos y dominicanas decentes, con tal de contribuir al bienestar de todos y todas.
Ese es compromiso de los hombres y mujeres que hoy nos congregamos en el
Movimiento Patria para Tod@s. Esta propuesta es el compromiso de quienes trabajamos
por una nación donde el progreso sea para todos y todas.
CAPITULO I: TRANSFORMACION DEL ESTADO ACTUAL
Transformar el estado dominicano en un nuevo Estado que sea funcional e instrumento
del bienestar social de todos y todas los(as) dominicanos(as)
El Estado Dominicano ha perdido su función de garantizar una vida digna a todos y todas
las dominicanas. Hoy, el estado es una institución que sirve a los intereses de los
grandes grupos económicos nacionales e internacionales, que asume políticas que
garantizan a esos grupos incrementar sus riquezas, mientras las mayorías nacionales ven
como imposible alcanzar sus sueños de poseer bienes y servicios existenciales
imprescindibles.
Desde la fundación de la república, el Estado Dominicano ha sido asaltado por mafias
económicas y políticas que han impedido al mismo cumplir el rol de garantía ciudadana a
todos (as) los dominicanos(as). Las políticas públicas son dirigidas hacia las áreas que
generan más beneficios a esos grupos mafiosos, y la población dominicana no ha podido
disfrutar de los beneficios del crecimiento económico experimentado en el país en los
últimos 50 años.
La ausencia de políticas que generadoras de igual oportunidad a todos los dominicanos
(as) es la característica del Estado dominicano, y por ello la mayoría de los dominicanos
tiene niveles académicos que les impiden acceder a un empleo decente y a mejorar la
productividad. Pobre inversión en salud y educación ha sido el común denominador de
los diferentes gobiernos que ha tenido el Estado dominicano; inversiones orientadas
hacía obras faraónicas de escaso poder para reducir la pobreza han dominado el país,
pero que sí representan grandes fortunas para la mafia de la construcción y escasa
inversión en la construcción de caminos vecinales y puentes, con los cuales muchos
campesinos podrían salir de la pobreza.
Mafias políticas y económicas van al gobierno para hacer negocios con el Estado
dominicano; se conocen de transacciones de todo tipo entre funcionarios y el gobierno;
compra de terrenos a precios viles, contratas con compañías o testaferros; compras de
empresas públicas, hoteles públicos y miles de metros de playas, los invernaderos, el
Plan Renove, etc., son escándalos comunes publicadas en los medios de comunicación.
Todas estas transacciones se realizan en el marco de la más sangrienta corrupción, la
cual despoja al gobierno de miles de millones de pesos que debían ser invertidos en la
generación de oportunidades y libertades entre los dominicanos, y que por lo tanto, son
causas significativas de la pobreza de las mayorías del país, y de que tantos dominicanos
se acuesten sin desayunar, almorzar y cenar.
Las obras son sobrevaluadas y a los contratistas se les niega el pago una vez avanzadas
las mismas para que mafias públicas cobren hasta el 30% del costo total de la deuda
para lograr obtener el pago. En muchas ocasiones se entregan obras a testaferros que no
saben nada de las mismas y muchas de estas son cobradas sin empezar o terminar.
Todas estas acciones hacen que una buena parte del presupuesto de la Nación sea
transferido a estas mafias que existen en el gobierno dominicano.
En este escenario de actuación de estos grupos se han realizado contratos y concesiones
o traspasos de propiedades públicas a inversionistas extranjeros, muchos de estos
contratos son lesivos al interés nacional y se convierten en generadores de déficit
presupuestario y por receptores de recursos provenientes del presupuesto nacional o del
fisco. Aunque son muchos los ejemplos, podemos citar los casos de los contratos
eléctricos, los ingenios del CEA, los aeropuertos, las playas, hoteles, etc. En estos
últimos casos se ha denunciado compra de hoteles por testaferros nacionales quienes en
transacciones de meses o días han conseguidos grandes ganancias
El Estado Dominicano está al revés, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, por
lo que hay que enderezarlo; en estos días en el BanReservas se observaba en pantallas
de televisor con un anuncio sobre la tasa de interés a los certificados financieros, donde y
si usted deposita 10,000 pesos le dan 4.5% y si deposita 500,000 pesos le pagan 7.5%,
es decir, que en vez de premiar o pagar igual al que menos tiene lo hacen con el que más
tiene, que es el que menos necesita. A nivel del gobierno se ve la inversión de la función
del Estado cuando a un funcionario le pagan 600 mil pesos mensuales y le dan vehículos,
gasolina, viáticos, etc., mientras a un empleado público le pagan 2,400 pesos y tiene que
pagar transporte, alimentación, etc., es decir, al que menos gana les dan menos
servicios.
El Congreso es una institución desacreditada; el soborno, el hombre del maletín, los
congresistas cuestionados, son las características de esta institución del Estado
Dominicano. Su accionar deja mucho que desear y casi siempre las leyes que aprueban
solo sirven a los intereses de las mafias nacionales e internacionales que gobiernan el
país. Un congresista es acusado de bigamia y no pasa nada; en todas partes del mundo
quien soborna y el sobornado son castigados por la ley, y si son funcionarios, son
obligados a renunciar; son ejemplos de lo que ocurrió en Brasil; en República Dominicana
eso ocurre y pasa como normal y no se observa la movilización de la conciencia nacional.
La Justicia no representa ninguna amenaza para esas mafias; por el contrario son
protegidos por jueces y, a pesar de las numerosas auditorías que muestran el accionar de
las mismas, no existe un solo preso; los procesos son alargados, los corruptos sueltos y
hoy se puede decir que la Justicia solo es aplicable a los pequeños que no tienen
protección de las grandes mafias que gobiernan el país.
El narcotráfico cohabita con el Estado Dominicano y los partidos políticos tradicionales
con normalidad; son muchos los casos denunciados de funcionarios vinculados a
narcotraficantes, como es el caso de Quirino, quien manifestó haberle entregado dinero a
los tres partidos y de que los últimos gobernantes se habían reunido, con él; un
funcionario público juramentándolo en una actividad partidaria, como si no existiera
evidencia de poseer una fortuna que no podía explicar su origen; un ex cónsul acusado
de tráfico de personas y sigue siendo miembro de un partido y fue electo como diputado
(uno de los más botados); un ex-cónsul apresado por narcotráfico pero liberado
rápidamente.
La ausencia de participación de la población dominicana en los asuntos de gobierno es
una de las características del Estado y no existe un solo mecanismo de poder de los
ciudadanos, y por eso, a pesar de los actos delictivos en que puedan incurrir funcionarios
públicos, no hay los mecanismos para que el pueblo los destituya.
El orgullo de ser dominicano, latinoamericano, afro-antillano no existe; la fe se ha perdido
y la reprochable conducta de los gobiernos que han dirigido el país ha conducido a hacer
famosa la frase que “todos son iguales”, para referirse a los políticos; ideología esta que
busca introducir entre los dominicanos la pérdida de esperanza de que habrá un mañana
mejor y que debemos construirlos entre todos y todas, que no se trata de evaluar a los
demás, si no ver que puedo hacer para que nuestro país sea un espacio donde los
dominicanos y dominicanas podamos alcanzar nuestros sueños de un mundo mejor.
La filosofía política del Estado Dominicano en poder de las mafias que lo han dirigido ha
estado orientada a garantizar que no identifiquemos la posibilidad de cambios en la
distribución de las riquezas entre todos y todas. Las mafias políticas nos han hecho creer
que la liberación no existe y que solo la alcanzarán aquellos que se metan en el carro de
la corrupción y las acompañen, y que sean cómplices de sus acciones dolosas, que
producen tanto sufrimiento y muertes tempranas a tantas personas en el país.
Este Estado viejo, corrompido y desinstitucionalizado, deberá ser sustituido por otro
nuevo, solidario, decente, que concentre su accionar en los ciudadanos y ciudadanas,
que estirpe las mafias nacionales que se roban los recursos públicos mediante maniobras
de diversas características; un Estado que garantice el poder del pueblo para castigar los
corruptos, por lo que deben existir mecanismos de participación masiva, como los
plebiscitos y la revocabilidad de los cargos. El nuevo Estado debe ser el anfitrión
principal de la nueva Nación, que deberá servir a todos los dominicanos(as) con equidad
y justicia, donde no exista un solo dominicano que no alcance la educación secundaria,
técnica y de alta calidad; donde exista atención para los desempleados, donde no
tengamos un solo dominicano(a) que no acceda a servicios de salud, incluyendo los
medicamentos y atenciones a enfermedades de alto costos como el cáncer, las
cardiovasculares, etc..
El nuevo Estado impedirá que funcionarios públicos en formas directas, compañías o
testaferros desarrollen negocios con el Gobierno o el Estado en cualquiera de sus
instancias, por lo que, si lo hacen, deberán ser castigados judicialmente.
El Estado Dominicano garantizará la libertad sindical y el respecto al código laboral y los
convenios laborales internacionales como instrumento básico para la reducción de las
desigualdades en los ingresos, También eliminara el trabajo infantil por ser una forma de
trabajo dañina al desarrollo de la niñez y de la nación.
CAPITULO II: DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIDO Y CON BIENESTAR PARA TOD@S
Garantizar el desarrollo económico sostenido y con reducción de las desigualdades
sociales, es el principal objetivo del modelo económico por una Nación para todos (as).
Lograr que la economía dominicana crezca sostenidamente es parte fundamental de la
gestión económica del país. Alcanzar niveles importantes de crecimiento de la economía,
no menor del 8 % anual, es una meta sobre la cual se sustenta el modelo económico de
esta propuesta. Pero se ha demostrado que no basta con el crecimiento económico, y lo
que ha ocurrido en Republica Dominicana es el mejor ejemplo de ello, y para que esta
mejoría llegue a toda la población implementaremos una justa distribución de las
riquezas.
Para alcanzar esta meta es necesario combinar mayores inversiones en la producción
nacional, en particular la pequeña y mediana empresa, con más inversiones en el gasto
social, que mejore los niveles de educación y salud para tener mayor acceso a alta
tecnología y mejorar la productividad y el salario, y por lo tanto la calidad de vida de los
dominicanos.
2.1 EL SECTOR EMPRESARIAL
El sector empresarial dominicano está compuesto en un 85% de micro, pequeñas y
medianas empresas productoras de bienes y servicios, y un 15% de grandes empresas
que concentran el 70% de la producción y ventas y más del 60% del capital, pero que
sólo generan el 40% de los empleos del sector, lo que demuestra una alta concentración
de las riquezas en poder del gran empresario dominicano.
Las Mipymes producen más de 1,300,000 empleos (el 33.8% de la población ocupada en
abril/2006) lo que demuestra la importancia de estas unidades productivas de bienes y
servicios (unas 360,000 aproximadamente) en la Economía nacional, con un aporte del
27% al PIB.
Nuestro sector empresarial es joven en comparación con otros países de América Latina
y el Caribe, y más aún con países del Norte, Europeos y de Asia.
Las empresas dominicanas, sobre todo, las industrias, entraron demasiado tarde al
desarrollo nacional; se puede decir que se comenzó en la década del 40 con la creación
por Trujillo de un fuerte sector empresarial de su propiedad y alimentado con recursos del
Estado, que a su muerte pasó a ser propiedad pública y se unificó en lo que se llamó
CORDE, CEA y CDE.
En 1968 el Dr. Joaquín Balaguer promulgó la Ley No. 299, de Incentivo y Promoción
Industrial, con una duración de 20 años, que dio facilidades excesivas para el desarrollo
de las zonas francas y los parques industriales nacionales, ofreciéndole un fuerte
empujón al desarrollo empresarial y a la creación de un sector social empresarial nativo,
que creció bajo al amparo del Estado, de la misma manera que lo hicieron las empresas
públicas.
En la década del 90 creció la inversión extranjera empresarial y las alianzas con las
empresas nacionales, y se fortaleció el área empresarial de uso intensivo de capital, en
especial, en la producción de servicios: telecomunicación, banca, comercio y turismo.
A finales de los 90s los grupos políticos tradicionales introdujeron y aprobaron un
conjunto de leyes favorables a las inversiones extranjeras en servicios y que facilitaron la
explotación de los recursos naturales; en cambio, los sectores productivos nacionales
fueron desamparados, sometidos a cargas impositivas, altos costos en energía eléctrica,
altas tasas de interés, no acceso al financiamiento de sectores de pequeña y mediana
empresa industrial y agrícola, y, junto a un estímulo a las importaciones de bienes y
servicios que el país está en capacidad de producir, condujeron al sector productivo
nacional al debilitamiento y quiebra de muchas empresas, al abandono del campo que
degeneró en las altas de tasas de desempleo, pobreza, emigraciones por cualquier vía
incluyendo aquellas que ponen en peligro la vida de las personas y creó un ejercito de
jóvenes vulnerables a las drogas y la delincuencia.
DIFICULTADES DE LAS EMPRESAS
Hoy en día, con los tratados de libre comercio firmado por el país con Estados Unidos el
Caribe y Centro América y Europa, las empresas dominicanas se enfrentan a muchos
problemas de competencia y productividad, que amenazan su existencia. Son notorios el
alto costo de la energía eléctrica y la crisis del suministro del fluido eléctrico, el alto precio
del dinero en el mercado, la obsolescencia tecnológica y lo costosa que resulta la
renovación técnica; la poca preparación gerencial y de los recursos humanos usados y el
bajo rendimiento de éstos; la insuficiente calidad y altos precios de los bienes y servicios
producidos y su escasa penetración en el mercado exterior; la poca capacidad y
desarrollo del mercado interno. Igualmente los limitados servicios públicos ofrecidos, así
como la corrupción administrativa pública y la inseguridad jurídica para las inversiones;
más la alta dependencia de insumos y tecnología importados, que los sujeta a los
vaivenes de los precios de las tasas de cambio y condiciones de las economías externas.
PROPUESTAS PARA LA TRANSFORMACION Y DESARROLLO DEL EL
SECTOR EMPRESARIAL
Son las anteriores, entre otras, los principales males a los que se enfrentan las empresas
dominicanas, afectando con mayor impacto a las Mipymes, y que habrán de superarse en
el Gobierno del Movimiento Patria para Todos aplicando las medidas siguientes:
1) Garantía de suministro eficiente y a precio competitivo de energía eléctrica, priorizando la
producción y oferta de energías alternativas.
2) Contribuir con la reconversión empresarial garantizando financiamiento a una tasa no
mayor de un 12% anual y exoneración de insumos, maquinarias y equipos.
3) Capacitación y entrenamiento de los recursos humanos y gerenciales y reforma de la
educación para vincularla con las necesidades de la producción empresarial.
4) Fomento de inversiones en áreas empresariales consideradas estratégicas para la
creación de empleos, suministro de bienes de calidad para consumo local, exportaciones
y oferta de materias primas.
5) Dar facilidades para la creación de alianzas estratégicas de capitales empresariales
nacionales y extranjeros para la creación de empresas productivas.
6) Fomentar la investigación científica, orientada a la producción de bienes y servicios,
dedicándole un 5% del presupuesto asignado a la educación. Dedicar la infraestructura
del Instituto Investigación de Biotecnología y demás centros similares a las actividades
investigativas empresariales.
7) Aplicación de la calidad total a la producción empresarial y la adopción de las normas
internacionales de calidad.
8) Dar funcionamiento efectivo a DIGENOR para que se efectúe un real y efectivo control de
calidad en la producción empresarial.
9) Creación de infraestructuras físicas para fomentar los parques industriales, en especial
para las Mipymes, con miras a reducir costos y aumentar la competitividad.
10)Contribución permanente para la creación, consolidación y aprobación congresual del
Instituto de Desarrollo de las MIPYMES.
11)Fomento del subsector empresarial metalmecánico considerado como soporte del
desarrollo nacional.
2.2) EL SECTOR AGROPECUARIO
La República Dominicana, tiene más del 50% de la población en la pobreza y cerca del
20% en pobreza extrema. El sector de la población donde existe más desigualdad y
pobreza es el campo, el cual supera en más de 1.5 veces la pobreza y pobreza extrema
en la zona urbana. En el país es necesario garantizar empleos productivos permanentes
y la autosuficiencia alimentaría. El sector agropecuario es básico para garantizar ambos
objetivos sociales, pero su situación actual se lo impide.
En el campo hay muchas tierras aptas para la agricultura, ganadería y foresta (cerca de
40 millones de tareas), pero más de 50% está sin uso y alrededor del 70% pertenece al
5% de los propietarios agrarios. Más de 200 mil agricultores tienen menos de 10 tareas
para producir el sustento de sus familias, y alrededor del 80% de los agricultores y
ganaderos poseen entre 30 y 100 tareas de tierra, muchos de ellos desprovistos de
ayuda estatal y sin financiamiento adecuado y usan bajan tecnología.
La falta de inversiones públicas en servicios como educación, salud, agua potable,
infraestructuras como son caminos vecinales, puentes, comunicación, etc., son parte de
los problemas que enfrente la zona rural y que les impide salir de la pobreza y pobreza
extrema.
El sector agropecuario está en franco deterioro a partir de la década de los 70, y hoy
apenas aporta el 12% al PBI, pero aún así genera el 15% de los empleos productivos
(512,593 al mes de abril / 2006).
El financiamiento público y privado al campo es totalmente insuficiente. De una demanda
anual actual de unos RD $42,000 millones, el Estado suministra menos de RD $3,000 y el
sector privado unos RD $ 10,000 millones (entre 10 y 12% de sus préstamos).
Por este bajo financiamiento muchos pequeños y medianos agricultores y ganaderos
dependen del financiamiento de usura de compradores intermediarios de productos
agropecuarios, quienes se quedan con alrededor de RD $ 2,000 millones de beneficios al
año, generados por la producción agropecuaria.
La falta de servicios públicos es notoria en los campos, donde se suministra la
electricidad al 60% de los hogares y agua por tuberías al 45% y las escuelas en más del
80% no pasan del 6to grado de primaria y en un 45% de los campos hay pequeñas
clínicas médicas. Las viviendas rurales son ranchos inadecuados en más del 80%, las
actividades deportivas casi no existen.
La situación de abandono y de pobreza en los campos es grave en el 45% de la
población que aún reside en éstos, por lo que se ha producido un fuerte movimiento
migratorio hacia las ciudades y el exterior, que expulsó de sus predios al 25% de la
población rural en los últimos 30 años.
PARA LA TRANSFORMACION Y DESARROLLO DEL SECTOR
AGROPECUARIO
El estado de deterioro, pobreza, marginalidad social y fuga de la población rural hay que
detenerlo produciendo grandes transformaciones en la zona rural, y con el control del
Estado y del Gobierno por el Movimiento Patria para Todos, implementará las medidas
siguientes:
1) Transformación profunda de la tenencia de las tierras haciendo que los terrenos sin
cultivos se pongan a producir en un breve tiempo no mayor de dos años y que una gran
parte de esos terrenos se adquieran con bonos a largo plazo y se conviertan en
cooperativas de producción, bajo control de los campesinos sin tierra o con tierras
insuficientes, que dispondrán para su desarrollo de financiamientos y asesorías estatales.
2) Implementar una política pública de financiamiento al campo, mediante las acciones de
capitalización del Banco Agrícola, con no menos del 5% del presupuesto nacional; otorgar
facilidades al sector financiero formal para que destine suficientes recursos hacia el
campo, no menos del 25% de sus carteras de préstamos; garantizar tasas de interés no
mayor de un 12% al año; sanear, registrar y dotar de títulos de propiedad a las parcelas
en poder de los campesinos, con el propósito de que se usen como garantías
hipotecarías para los financiamientos; esta medida será completada con un seguro para
las actividades productivas agropecuarias para dar confianza a las instituciones
financieras que destinen recursos al campo. Exoneración total a los insumos y bienes de
capital usados en el campo.
3) Desarrollar la investigación agropecuaria en biotecnología, con miras a mejorar la
producción y productividad en el campo. El Estado destinará los recursos necesarios (no
menos del 3% del presupuesto) a la investigación en el sector agropecuario.
4) Garantizar una efectiva comercialización de los bienes agropecuarios, fomentando la
exportación y la comercialización nacional, con la aplicación de una política de precios
que garantice rentabilidad adecuada para el desarrollo del sector.
La comercialización en el campo se acompañará de un adecuado almacenamiento,
tratamiento de productos, transportación, promoción e información acerca de los bienes
producidos y de sus precios.
5) Renovación tecnológica en el campo, mediante el suministro y financiamiento de
tecnología moderna y apropiada, que sustituya los instrumentos de trabajo tradicionales e
ineficientes; se introducirán en los campos máquinas, equipos y herramientas avanzados
y se entrenarán en su manejo adecuado a los agricultores y ganaderos. Desarrollo de
cultivos bajo protección y zonificados.
6) Capacitación y entrenamiento para mejorar la formación y el entrenamiento de la
población rural, y en particular, de los productores del campo; no será posible la
transformación económico- social del sector, si el Estado no garantiza una cobertura
escolar de por lo menos el 8vo. grado en la zona rural, y para aquellas zonas con
suficiente población se ofrecerá hasta el 4to. grado del bachillerato, teniendo presente
que la educación rural se adaptará a las necesidades y demanda de los subsectores
agrícola, pecuario y agroindustria, para fomentar una educación para el desarrollo
humano y de la producción agropecuaria y agroindustrial.
Se ofrecerá entrenamiento constante a los productores agropecuarios en el manejo de las
nuevas tecnologías e insumos usados, y se les dará asesorías en cultivos y crianza de
animales y en el manejo de suelos, foresta, sustancias químicas, medicamentos y el
medio ambiente, agroindustria, crianzas de peces y creación de una flota pesquera de
tipo cooperativa
7) La mejoría de la calidad de vida de los campesinos será un objetivo primordial del
Gobierno del Movimiento Patria para Todos, mediante el suministro al campo de los
servicios públicos, que ofrece al Estado en cantidad y calidad a la zona urbana, de tal
manera que sean superadas las diferencias sociales entre población rural y urbana para
que se pueda detener el forzoso movimiento migratorio del campo hacia la ciudad.
8) Provisión de viviendas adecuadas. El Estado creará las condiciones necesarias para que
los campesinos dispersos en los campos vivan en poblados o en Villas Agrícolas y
Pecuarias, de tal manera que se les facilite la dotación de viviendas cómodas y aptas y
los servicios públicos necesarios, que mejoren significativamente los niveles de vida de
las familias rurales, con tal de ir superando las enormes brechas sociales que existen
entre el campo y la ciudad y entre ricos y pobres.
9) Propender a la irrigación con tecnología adecuada de todas las tierra aptas para la
agricultura.
10)Desarrollar una ganadería moderna de alta calidad y rendimiento.
2.3) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO
Para alcanzar el progreso sostenido es imprescindible desarrollar una política a nivel
nacional de construcción de infraestructura orientada a dar acceso a los mercados de los
principales productos nacionales y favorecer la creación de mano de obra y con ello
reducir el nivel de desempleo.
A pesar de que es de conocimiento general esta necesidad, los gobiernos que ha tenido
el país han orientado la política de construcción hacia obras improductivas para beneficiar
las mafias de la construcción y mantener a muchas comunidades sin vías de acceso en
cantidad y calidad suficientes, que les permitan trasladarse a los mercados.
En término de cobertura Republica Dominicana está entre los países con menos Km. de
carreteras y caminos vecinales por cada 100 kms2 de área, la cual es 26 Km. por cada
100 kms2 de áreas. Esta situación limita significativamente la posibilidad de que los
campesinos puedan transportar sus productos hacia los mercados y que puedan salir de
la economía de subsistencia en que viven. De los caminos y carreteras existentes solo el
50% están pavimentados, lo que contribuye al deterioro de los vehículos y de que
muchos no puedan acceder a los mercados.
El acceso a la comunicación es otro de los grandes problemas que tiene el país, el cual
se caracteriza por una cobertura de línea telefónica por cada 1000 habitantes de 317,
muy inferior a países como Finlandia con 1,391, Corea de 1,168, Chile 659, Uruguay 472,
Costa Rica de 362. La ausencia de líneas telefónicas inciden negativamente en la
posibilidad de hacer transacciones económicas que favorezcan a los dominicanos para
salir de la pobreza.
En cuanto al acceso de Internet también arrastra el país grandes deficiencias con una
relación de 640 hogares por cada 1,000 personas si se compara con Corea de 6126 línea
por cada 1000 habitantes, Chile 2,375, Costa Rica 1,931, Uruguay 1,190, creando al igual
que el teléfono dificultad para aprovechar esta tecnología entre los dominicanos.
En cuanto al uso de energía eléctrica es donde el país muestra extraordinario retraso al
no permitir su aprovechamiento para que muchos ciudadanos y ciudadanas puedan salir
de la pobreza en que viven. El consumo per cápita de energía entre los dominicanos es
de 822 kh/horas, cuando países como Finlandia consumen 14,899, Corea 5,288, Chile
2,557, Uruguay 1,918 y Costa Rica 1,557.
El Movimiento Patria para Todos(MPT) impulsará una política de construcción de
infraestructuras básicas orientadas hacia el desarrollo sostenido de la nación, priorizando:
1. Viviendas para sectores de menores ingresos y clases medias (urbanas y rurales).
2. Construcción y pavimentación de caminos vecinales.
3. Construcción de carreteras y otras infraestructuras de importancia turística y
campesina.
4. Obras de riegos para compensar la falta de agua en muchas zonas y mejorar la
producción y productividad agrícola.
5. Construcción de redes telefónicas y eléctricas.
6. Drenajes de ríos y rehabilitación de cauces y protección de cuencas, así como
construcción de infraestructura de defensa en zonas de producción vulnerables a las
inundaciones y desastres
7. Reforestación del país
8. Centros de acopio y silos para la preservación de productos agrícolas, como son
granos, tubérculos, hortalizas, tabaco y otros.
9. Remodelación y construcción de muelles, puertos y aeropuertos.
10. Construcción de acueductos, presas, canales de riego, escuelas, hospitales,
clínicas rurales, campos y canchas deportivas, centros culturales y otros.
2.4) POLÍTICA ENERGÉTICA
Los altos precios y las tendencias de estos hacia el aumento, provocan en Republica
Dominicana una carga en la balanza comercial de extraordinaria magnitud. Para el 2006
más de 3 mil millones de dólares fueron dedicados a la importación de derivados del
petróleo.
A pesar del gran peso que representan las importaciones de estos productos en la
balanza comercial y en la economía dominicana, el servicio de energía eléctrica es malo y
muy caro, lo que influye negativamente en el desarrollo de la nación y por tanto en
mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, y la capacidad del aparato
productivo para enfrentar los retos de la globalización neoliberal.
Muchas son las historias para justificar la situación nacional energética, desde la
chichigua de Julio Sauri, la responsabilidad de Sitracode que supuestamente apagaba las
plantas, el no pago de parte de los usuarios, etc. Las políticas más contundentes de los
últimos años fueron tomadas en el marco de las políticas neoliberales que fue la
privatización total de la producción, la comercialización que se sumó a la del transporte
interno y externo.
Los resultados de estas políticas, más que favorecer a la solución del problema
energético, contribuyeron a su empeoramiento, puesto que conllevó a la firma de
contratos leoninos, como la de comprar a productores la capacidad instalada y no la
servida; conferirles a las distribuidoras la administración de la comercialización,
permitiéndoles acciones deshonestas, como préstamos a las casas matrices a altos
intereses en dólares para supuestamente invertirlos en el país.
Esta política de privatización, conjuntamente con la actitud fiscal voraz del Gobierno,
imponiéndole un impuesto a los derivados del petróleo que fluctúa hacia arriba con el
aumento en los precios de estos productos, así como el aumento en el precio del petróleo
a nivel mundial, el subsidio público de US$450 millones, ha encarecido el precio de la
energía eléctrica a niveles inaceptables.
Será prioridad del Gobierno por una Nación decente tomar las medidas orientadas a:
1. Garantizar el servicio de energía eléctrica 24 horas al día en un período no mayor
de dos años, después de instalado el Gobierno
2. Reducir los precios de los combustibles y la energía.
Para alcanzar estas metas, se tomarán las siguientes medidas:
1. Eliminación de intermediarios en la importación de los combustibles.
2. Renegociación de los contratos orientados a eliminar todo elemento que afecte el
interés nacional, como la compra de la capacidad instalada y hacer obligatoria, salvo
autorización de las autoridades nacionales, el mantener las plantas funcionando
permanentemente, con un correcto programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
3. Monitorear la calidad de los combustibles.
4. Elaborar el plan nacional para el uso de energía renovable y fuentes alternas de
energía, de tal manera que la misma alcance el 15% del total, lo que sumado al 25 %
aportado por las hidroeléctricas alcanzaríamos el 40% del total no dependiente de
derivados de petróleo.
5. Reducir el parque vehicular de alto consumo.
6. Promover el uso de fuentes primarias de energía como el carbón, así como
aplicación de un programa de ahorro de energía.
7. Nacionalización gradual de este servicio estratégico para la seguridad del Estado
CAPITULO III: MANTENER LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA CON BAJA INFLACIÓN
3.1) POLÍTICA MONETARIA
Los gobiernos de los tres partidos que han administrado el Estado desde 1961-2006 se
han manejado mal en cuanto a sus políticas monetarias, referidas al manejo del dinero en
circulación en cada momento de nuestra historia, al valor de nuestra moneda, al manejo
del crédito y de los precios y tipos de cambio.
La política de apertura del mercado ha conducido a un incremento importante de las
importaciones que junto al deterioro del aparato productivo y la caída de las
exportaciones nacionales crearon continuos déficits comerciales que actualmente supera
los 3,000 millones de dólares. Esto en una política de liberalización de la comercialización
de las divisas crea una demanda mayor que la oferta y ha contribuido al proceso
devaluatorio del peso dominicano. Este proceso de devaluación también ha sido inducido
por las políticas de neoliberales de incentivo a la inversión extranjera, que como forma de
reducir los costos de producción y aumentar ganancias producen devaluaciones
constantes en nuestra moneda.
La corriente neoliberal frente a este proceso impone políticas monetarias restrictivas que
constriñen el crecimiento económico sano, aumenta el desempleo y la pobreza.
El peso dominicano, ha sido devaluado fuertemente, como consecuencia de la
implementación de desastrosas políticas fiscales y de la sujeción a un estilo de gobierno
basado en las improvisaciones, la corrupción administrativa y a un comercio exterior
dependiente en más de un 70% de una sola nación (Estados Unidos)y que además tiene
una de las monedas más fuertes de las existentes, el dólar, y cuyo comportamiento
incide directamente en el valor del peso dominicano, hasta tal punto, que un peso que
estaba a la par con el dólar en la década de los 60 hoy vale 3 centavos de la moneda
estadounidense.
Los gobiernos pasados ordenaron de manera irresponsable emisiones o producciones
de pesos sin las correspondientes reservas o respaldo monetario (los llamados
inorgánicos), con el propósito de enfrentar faltantes o déficit públicos, ocasionados por
gastos excesivos no correspondidos con los niveles de ingresos. Estas acciones
incorrectas de políticas monetarias originaron oleadas inflacionarias que afectaron los
salarios reales o el poder de compra de los asalariados, haciendo más pobres a los
trabajadores.
El manejo presupuestario inadecuado de los gobiernos los llevo al endeudamiento
abultado irresponsable, con consecuencias funestas en los niveles de inversiones
públicas y en los esfuerzos emprendidos para enfrentar el atraso del país y los niveles
de pobreza.
Ante la realidad histórica de un mal manejo de la cantidad de dinero en la economía
nacional, de la devaluación del peso y de la alta inflación acumulada, más la enorme
deuda pública interna y externa, el Gobierno del Movimiento Patria para Todos y al frente
de la Administración Pública, aplicará una correcta política monetaria, basada en las
medidas siguientes:
1) CORRESPONDENCIA ENTRE LAS POLITICAS FISCAL Y MONETARIA
Establecer una correcta correspondencia entre las políticas fiscal y monetaria, de tal
manera que funcionen armónicamente de conformidad con los niveles de desarrollo del
país. El gasto público no excederá los ingresos en más de un 4% del PBI, pero con
tendencia al equilibrio fiscal.
2) MANEJO ADECUADO DEL MEDIO CIRCULANTE
La cantidad de dinero en circulación, en cada momento se corresponderá con el nivel del
valor de los bienes y servicios producidos (PIB).
Las acciones monetarias encaminadas al manejo correcto de la masa monetaria en
circulación, no producirán restricciones o congelaciones innecesarias del dinero, para
evitar mantener niveles ficticios en el tipo cambio y de precios (inflación) o para tratar de
controlar el gasto público.
3) REVALUACIÓN DEL PESO DOMINICANO
Se implementarán cuantas medidas sean necesarias para revaluar la moneda nacional,
con tendencia a igualarla al dólar, impulsando la producción nacional, estimulando las
exportaciones, restringiendo las importaciones innecesarias, aumentando los niveles de
reservas monetarias, usando la producción nacional de oro para esos fines y reorientando
el crédito público y privado hacia actividades productivas prioritarias.
4) MANEJO DE LAS TASAS DE INTERES Y DE CAMBIO
Se implementarán medidas para controlar las tasas de interés y de cambio, de tal
manera que las pasivas no pasen del 10% y las activas de un 18%, y la de cambio no sea
mayor a un 15% en los primeros 3 años de gobierno y no mayor del 10% a partir del
cuarto año. Se harán esfuerzos para disminuir el margen de intermediación monetaria
mejorando la eficiencia de los bancos.
5) REORIENTACIÓN DEL CREDITO
La política crediticia se orientará a estimular el financiamiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas y los sectores productivos de bienes, agropecuarios, así como la
producción de energía eléctrica, de viviendas y los servicios de educación, salud y
turismo.
Se crearán incentivos impositivos, encajes especiales, fijación de topes de carteras y
redescuentos de documentos, que contribuyan a la reorientación del crédito privado hacia
las áreas productivas indicadas, así como a la reducción de las tasas de interés. Los
fondos recaudados para las pensiones del Sistema de Seguridad Social serán orientados
hacia el financiamiento de los indicados sectores.
Las acciones de política monetaria anteriores garantizarán una moneda nacional fuerte,
un bajo, endeudamiento público, equilibrios de precios y monetarios y precios adecuados
del dinero nacional y extranjero, al igual que un crecimiento económico sano, sólido y
equitativo, con eliminación de la pobreza.
3.2) POLITICA FISCAL
El Estado dominicano manejado por los gobiernos surgidos en el llamado período de
democratización o postrujillista (1961- 2006), ha implementado una política fiscal de
obtención de recursos, que no ha sido lo más racional o adecuada, en la medida en que
no ha servido para ofertar desde el sector público servicios eficientes en cantidad y
calidad, y, por lo tanto, construir instituciones modernas y funcionales.
Una de las debilidades de la política fiscal ha sido la inequitativa estructura tributaria (de
impuestos), que recauda los ingresos basándose en el cobro a los sectores de ingresos
bajos y medios (el 82%), afectando fundamentalmente al consumo y no a las actividades
directas y a sectores ricos. Además, esas recaudaciones se han mostrado insuficientes
(menos del 18% del PBI), para enfrentar las grandes necesidades nacionales
insatisfechas y el cúmulo de la deuda social que se tiene con la población.
Por el lado de la distribución de los ingresos, o el gasto público, la misma no ha
obedecido a una política racional de prioridades ni de buen manejo de los mismos, si se
tiene en cuenta las necesidades poblacionales y del desarrollo nacional.
Hay dos problemas graves a enfrentar en una política fiscal efectiva y que han hecho
daños incalculables al país y a la población, nos referimos a la evasión fiscal, calculada
entre 30 y 40% de las recaudaciones, sobre todo en los impuestos de mayor aporte como
el ITBIS , ISR y los aranceles ( aduanales).
El otro problema grave lo es la corrupción administrativa o el mal uso de los ingresos
públicos, calculada aproximadamente en 30% de los ingresos.
El gobierno del Movimiento Patria para Todos (MPT), implementará desde el manejo del
Estado, la siguiente política fiscal.
1) La política fiscal considerará tratamiento especial para aquellas áreas de la
producción cuyo desarrollo sea de alto interés nacional. También se considerará trato
especial a las inversiones que generen empleos y el desarrollo del activo humano,
favoreciendo que a algunas de estas actividades les sean reducidos impuestos, pues de
nada sirve continuar con la agresividad fiscal de las actuales autoridades si sólo
contribuyen a más quiebras y a reducir la capacidad de compra de muchos sectores.
2) La tributación será modificada para que la estructura impositiva sea en un 80% de
impuestos directos, o fijados a las ganancias de capitales, a las grandes propiedades, a
los juegos y al consumo suntuario o de bienes de lujo. El 20% será de impuestos al
consumo y a la producción o indirectos.
En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (IRS) se cobrará sobre la base de una escala
atendiendo a los tamaños de las empresas, en cuanto a su dotación de capital,
generación de empleos y ventas anuales; de tal manera que para las pequeñas y
medianas empresas será de un 10% menor inferior al cobrado a las grandes empresas.
3) La evasión fiscal será drásticamente sancionada y se mejorará la administración
fiscal, de tal manera que sea eliminada en un tiempo no mayor de cuatro años.
4) Para productos importados que sean de alto valor para las actividades de
determinados sectores se considerará una política fiscal especial, como es el caso de
vehículos utilitarios para profesionales como los de la salud y profesores.
5) SALARIOS Y ADMINISTRACION DE PERSONAL
Se aplicará una política pública de administración de personal que eliminará el
clientelismo político e implementará para todos los empleados públicos, después de
reformada para corregirle sus debilidades, la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa. Se aplicará una política salarial para los empleados públicos que
garantizará un salario mínimo que cubra en los dos primeros años no menos del 80% del
costo de la canasta familiar y el 100% de la misma a partir del tercer año de gobierno se
establecerá una escala salarial fundamentada en las funciones en el desempeño del
puesto, rendimiento o productividad, la capacidad, antigüedad, honestidad del servidor
publico, así como también el nivel de inflación del momento( Indexación Salarial).
Se desarrollará una política de limitación de los salarios de los funcionarios, pues es
injustificado que existan funcionarios que devenguen salarios de casi un millón de pesos
al mes.
Solamente serán designados y movidos por el Jefe del Estado los funcionarios de
confianza y que formarán parte del equipo del Presidente, y que podrán ser revocados
de sus funciones en caso de cometer actos de corrupción o por incapacidad en su
desempeño. El resto de los funcionarios públicos entrarán en el régimen de Carrera
Administrativa.
6) DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS O GASTO PÚBLICO
La política fiscal será diferente a la tradicional por el manejo racional y pulcro de ingresos,
asignándolos en base a las necesidades que demandan prioridades básicas, al
desarrollo y mejoramiento de los niveles de vida y atendiendo al manejo honesto de los
recursos públicos. El presupuesto nacional tendrá la siguiente distribución del gasto:
a) EL GASTO SOCIAL: No será menor del 50% del presupuesto nacional, distribuido
así:
– 20% en educación
– 15% en salud
– 5% en agua potable
– 10% en Seguridad Social
b) Obras de infraestructuras básicas para el desarrollo: el 25% del presupuesto será
para inversiones en infraestructuras para el desarrollo, distribuido así:
– 10% en energía eléctrica
– 5% Centros escolares y viviendas
– 5% Centros de salud
– 5% carreteras, caminos vecinales y otras.
c) GASTOS EN PERSONAL : El gasto en personal (empleos públicos, sueldos y
salarios) será de un 20% del presupuesto de la Nación y la tendencia será a disminuir ese
porcentaje, nunca a aumentarlo. Este porcentaje incluirá el gasto en Seguridad Nacional
y ciudadana (Fuerzas Armadas y Policia).
d) PAGO DEUDA PUBLICA: El país debe US $ 13, 000 millones (US $ 6,000 de deuda
pública interna sobre todo de los llamados “certificados de inversiones” en poder del
Banco Central y otras contraídas con bancos privados y US $ 7,000 millones adeudados
al exterior). Cada dominicano al nacer debe US$1,400. Esa enorme deuda contraída por
los gobiernos del PRSC, PRD y PLD, demandó en el 2006 unos RD $ 62,000 millones (el
26% del Presupuesto Nacional) para su amortización, lo que constituye una pesada carga
para un país con una deuda social acumulada tan grande. Para el 2007, se destinará el
pago de esa deuda un total de RD$60,000 (el 6% del PBI), que es insostenible
económicamente.
El Gobierno que dirigirá los destinos del país renegociará la deuda pública y declarará
una moratoria en los pagos por un tiempo mínimo de cinco (5) años y destinará para las
amortizaciones (pagos de capital e intereses) el cinco (5) por ciento del presupuesto
nacional, o no más del 1% del PBI.
Para salir de la deuda de los certificados en poder del Banco Central, producidos por la
quiebra de Banìnter, Bancrédito y Banco Mercantil, se procederá de inmediato a la venta
de los activos de esos bancos para pagar parte de los certificados. Un 2% del
presupuesto nacional será destinado al pago de la deuda interna y un 3% para cubrir el
servicio de la deuda externa.
La Ley No. 200-04, de Acceso a la Información Pública será aplicada sin restricción
alguna.
Cada dependencia centralizada y descentralizada del Estado rendirá, semestralmente,
cuenta al país del manejo de sus respectivos presupuestos usando los medios de
comunicación de circulación nacional
e) PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y PLAN ESTRATEGICO DE
DESARROLLO
La Administración Pública, en sus áreas centralizadas y descentralizadas, se manejará en
lo fiscal en base a una rigurosa planificación, mediante la discusión y aprobación con
participación ciudadana, de un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (con una duración
no menor de 20 años y con períodos de 5 años o (quinquenios).
El Plan Estratégico estará acompañado de presupuestos anuales por programas de
actividades para las diferentes dependencias del Estado y los Gobiernos nacionales y
locales (ayuntamientos), manteniéndose la supervisión y descentralización pública.
Los funcionaros públicos a todos los niveles, comenzando con el Presidente y
Vicepresidente de la República, se someterán al Plan Estratégico de Desarrollo y a los
presupuestos por programas anuales; con esta disciplina fiscal en la gerencia de la
Administración Pública se acabará con las improvisaciones y mal uso de los recursos
públicos.
f) SANEAMIENTO PÚBLICO Y MORAL:
f.1) Lucha Anti corrupción
La corrupción es un mal que amerita enfrentarse con determinación, pues hoy un
porciento elevado del presupuesto de la Nación sirve para el enriquecimiento de
funcionarios y aportes económicos a los candidatos. Varios mecanismos y medidas han
sido señaladas como fuentes de la corrupción pública:
1. Las compras de bienes y servicios del Estado
2. La evasión fiscal
3. La asignación de obras públicas
4. Tráfico de influencia
5. Clientelismo político
6. Los salarios e incentivos.
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La magnitud de la corrupción es desconocida, pero si evaluamos la cantidad de obras del
Estado Dominicano durante un año de ejercicio y la comparamos con el presupuesto de
la Nación, no hay dudas de que parece ser de grandes magnitudes. Por ejemplo, para el
2006, el presupuesto de 238 mil millones de pesos, asignó en salarios, subsidios a la
energía y deuda pública unos 114 mil millones de pesos, y si le agregamos los 11 mil
millones de pesos destinados a los ayuntamientos, donde también hay mucha corrupción,
serían unos 125 mil millones de pesos; el resto fue para inversiones, y, en verdad, no se
observó en qué se invirtieron 113 mil millones de pesos.
PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN, EL PROYECTO DE NACIÓN
DECENTE SE PROPONE:
1. Transparentar las compras del Estado, a través de concursos públicos y auditando
las compras, para evitar los fraudes del concurso en las compras pequeñas.
2. Asignar las obras que construye el Estado según la magnitud de las mismas
estableciendo diferentes requisitos para que los ingenieros más pobres puedan participar
y los más poderosas participen en obras grandes por concursos públicos.
3. Desarrollar una política que evite la evasión fiscal y darle el carácter de crimen
ante la ley.
4. Estimular una legislación que evite las grandes aportaciones a las campañas
electorales, fijando topes a las mismas y obligando a los partidos y candidatos a publicar
la lista y los montos de las donaciones, y eliminar el financiamiento público a los partidos
políticos.
5. Monitorear los bienes de los funcionarios públicos para determinar el origen de las
riquezas.
6. Suspender automáticamente a funcionarios calificados como corruptos, que se
compruebe que han cometido actos dolosos y proceder a someterlos a la justicia.
7. Tipificar la corrupción como un acto que obligue a la sustitución de funcionarios
electos, incluyendo al Presidente y Vicepresidente de la República, si se les
comprueban actos de corrupción.
8. Garantizar la autonomía de los organismos fiscalizadores de las finanzas públicas
(Contraloría y Cámara de Cuentas).
En cumplimiento a las leyes existentes, los funcionarios públicos que ocupen puestos de
mando a todos los niveles, presentarán, al momento de su nombramiento y juramentación
y al abandonar sus cargos, una declaración jurada de sus bienes (activos y pasivos), que
será verificada por la Cámara de Cuentas. Esta declaración, será obligatoria para los
funcionarios con cargos de mando y que manejarán o no presupuestos, incluyendo
legisladores, jueces y militares.
F 2) RECUPERACIÓN DE BIENES PÚBLICOS MALVERSADOS
Serán recuperados los bienes públicos de cualquier tipo robados por funcionarios
públicos civiles y militares pasados y del presente gobiernos quienes serán sometidos a
la acción de la justicia con las acusaciones debidamente fundamentadas por abogados
del Estado. Se eliminará definitivamente la impunidad en la aplicación de la justicia.
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CAPITULO III: GASTO SOCIAL
El modelo neoliberal implementado en Republica Dominicana, bajo el supuesto de que
lograría crecimiento económico, y que por la teoría del goteo, mejoría las condiciones de
vida de la población, ha tenido un impacto contrario. Lo lógico en el marco de políticas
públicas, es que el Estado incremente las inversiones en el gasto social, como
mecanismo para reducir las grandes desigualdades sociales y económicas creadas por
las políticas económicas implementadas y la pésima distribución del ingreso.
En República Dominicana, a pesar de los efectos tan negativos de las políticas
económicas, quienes han dirigido la Nación no han aumentado el gasto social, el cual no
ha pasado del 42% del presupuesto y de un 10 % del Producto Bruto Interno, muy por
debajo del promedio de América Latina, que es de alrededor de un 49% del gasto público
y de un 18% del PBI.
Como consecuencia de lo anterior, los servicios básicos que mejoran la oportunidad del
país y de las familias, al mejorar el capital humano que representa, las gentes, se
encuentran en una situación de deterioro extremo, tales como educación, salud, agua
potable y seguridad social.
Veamos la situación de los servicios sociales básicos.
EDUCACIÓN
La sociedad ha evolucionado en un proceso largo de lucha por alcanzar el máximo
desarrollo. Desde la revolución industrial donde el trabajador y el capital se convirtieron
en los motores principales del desarrollo, hasta hoy cuando pasamos a la etapa del
conocimiento en la que la especialización del trabajador es determinante para alcanzar
los mayores logros en el trabajo, hasta la denominada sociedad de la tecnología hacia la
cual nos movemos, aparecemos muy atrasados..
A pesar de esta realidad, la República Dominicana arrastra un extraordinario atraso en su
adaptación a este proceso que le permita alcanzar el crecimiento económico y social
sostenido, que impida que las crisis cíclicas del capitalismo moderno profundicen la
miseria en las grandes mayorías.
Es evidente el desinterés mostrado por las fuerzas políticas que durante los últimos 45
años han dirigido el destino del país por mejorar los niveles de educación básica, medio,
universitario y cuarto nivel, así como a nivel técnico. Ha sido común en todos los
gobiernos, sin importar su partido, la pobre inversión en educación, lo que ha favorecido
los altos niveles de analfabetismo, deserción escolar y la gran cantidad de jóvenes en
edad de estar en secundaria y que no lo están.
La calidad de la educación es baja debido a la poca inversión en la misma (2% del PIB),
al elevado número de estudiantes por aula, hasta 54; esto incluye también la educación
universitaria pública, el pobre incentivo salarial a profesores, la falta de bibliografía,
material gastable y didáctico e infraestructura física limitada.
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A nivel profesional existe ausencia total de recursos dedicados a la actualización de
empleados públicos y de muchas instituciones privadas, lo que afecta en forma
significativa la productividad. La educación superior y técnica, a excepción de la ofertada
por INFOTEP, es muy limitada y no se relaciona con la actividad productiva del país ni
con las expectativas de las actividades productivas futuras.
Para mejorar la situación educativa del país, el Proyecto de Nación decente se propone:
1. Erradicar el analfabetismo del país
2. Universalizar la educación hasta el nivel secundario, la cual será de carácter
técnico,
3. Reducir el número de alumnos por aulas a no más de 30
4. Garantizar bibliotecas y actualización permanente de las mismas en todas las
escuelas del país, con facilidad de préstamos de libros a los alumnos y acceso a la
biblioteca virtual, a través de revistas y libros en los centros educativos donde sea
posible.
5. Mejorar el salario de los profesores y demás servidores del a educación pública del
país
6. Garantizar la educación a todos los dominicanos.
7. Asignar recursos para la capacitación de los empleados públicos en todas las
Secretarías de Estado.
8. Elaborar, junto al sector privado, un plan de capacitación permanente para los
trabajadores, que les permita el aumento de la productividad.
9. Fomentar la investigación para la generación de conocimientos y tecnologías.
10. Aumentar el gasto público en educación a un 4% del PBI y hasta un 20% del
Presupuesto Nacional.
SALUD
Los servicios de salud al igual que los de educación son prioritarios para garantizar una
población capaz de mejorar la productividad y, por tanto, el desarrollo económico del
país. A pesar de que todos los estudios han establecido la necesidad de que el Gobierno
dominicano invierta mas en esta área, históricamente los diferentes gobiernos no han
atendido a esta necesidad, lo que ha imposibilitado que la sociedad dominicana pueda
crecer sostenidamente.
República dominicana está entre los 4 países del continente con peor inversión en salud
y, por tanto, entre los países con peores índices sanitarios, caracterizados por alta
mortalidad materna e infantil, expectativa de vida baja en relación a otros países y un
sistema con un servicio público de salud que no satisface las expectativas de la
población.
De las principales causas de años de vidas perdidos por muerte y discapacidad, las
cardiovasculares y el cáncer no son atendidas adecuadamente y a tiempo en ninguno de
los hospitales públicos del país, los medicamentos no son garantizados a ningún
dominicano, independientemente de las carencias económicas en que vivan. Muchos
dominicanos deben deshacerse de bienes indispensables para costearse algunos
servicios de salud.
Es obligatoriedad del Proyecto de Nación Decente garantizar un servicio de salud
adecuado y a tiempo a todos (as) los dominicanos (as), y para ello se propone:
1. Garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad y a tiempo a todos (as) los
dominicanos (as).
2. Garantizar el acceso a los medicamentos a todos los dominicanos (as).
3. Garantizar acceso universal a vacunas consideradas prioritarias por profesionales del
país.
4. Garantizar cobertura completa del programa de vacuna adoptado por el país.
5. Desarrollar programas de prevención, orientados a aquellas patologías de mayor
impacto en la población, como son las infectocontagiosas, las cardiovasculares, el
cáncer, los accidentes y los homicidios y suicidios.
6. Aumentar el gasto público en salud hasta 3.5% del PBI. o un 15 % del presupuesto
nacional
7. Reducir la desnutrición.
8. Dotar de a agua potable a todos (as) los (as) dominicanos y dominicanas.
PROTECCIÓN SOCIAL
La población dominicana está totalmente desprotegida, independientemente del
crecimiento económico experimentado por el país en los últimos 50 años. A pesar de que
el 5.5% de la población está en edad de recibir una pensión, el 70% de éstos o más
carece de la misma, y dentro de ellos hay muchas personas carente, totalmente de todo
tipo de ingreso y viven en condiciones inhumanas.
A pesar de haberse aprobado la Ley de Seguridad Social en el 2001 y que esta manda al
Gobierno a la implementación de la pensión asistencial en la población mayor de 60 años
y las madres solteras desempleadas, el Gobierno que aprobó la ley (el del PRD) y el
actual PLD han trabajado en 6 años con demasiada lentitud para implementar dicha
prestación.
EL PROYECTO DE NACIÓN DECENTE SE PROPONE:
1. Aumentar el gasto público en pensiones.
2. Garantizar una pensión a todos los dominicanos y dominicanas, mayores de 65
años, que no dispongan de la misma y que no tengan ingresos para garantizar una vida
digna.
3. Hacer esfuerzos para que todos los dominicanos que trabajan, tanto del régimen
contributivo como del contributivo-subsidiado, aporten a la Seguridad Social para
garantizarles una pensión cuando lleguen a la edad requerida o cuando se incapaciten
para continuar trabajando.
4. Proteger los recursos de los trabajadores administrados por las AFPs.
5. Cumplir y hacer cumplir la ley No. 87-01, tanto en lo referente a salud, como en
pensiones.
POLÍTICA CONTRA EL DESEMPLEO
El desempleo es uno de los peores males que tienen las sociedades hoy en día, y en la
República Dominicana este es un problema que sin enfrentarlo con determinación, no hay
posibilidad de combatir la pobreza ni la delincuencia. El desempleo afecta a profesionales
y no profesionales, a todas las edades, pero los más afectados son las mujeres y los
jóvenes.
A consecuencia de las políticas neoliberales que conminan a la inestabilidad laboral, el
desempleo ha crecido estrepitosamente. En nuestro país el mismo oscila alrededor del 15
al 18%, y se acompaña de otros problemas de la dinámica laboral como es la movilidad,
el empleo a medio tiempo, el bajo salario, etc.
Es un objetivo del Proyecto de Nación Decente del MPT, favorecer una política que
tienda a reducir el desempleo en forma significativa y, para ello se implementarán
políticas públicas, fiscales y monetarias que tiendan a favorecer la inversión privada sana,
a reducir el desempleo y a realizar inversiones públicas en áreas productivas, y en
especial, salud y educación, que contribuyan a conjurar este mal social. Las medidas
para crear empleos serán las siguientes:
1. Implementar una política fiscal que favorezca las inversiones privadassanas que
reduzcan el desempleo
2. Aumentar el gasto social en salud y educación, que logre incrementar el empleo en estas
áreas, así como mejorar los salarios de estos trabajadores.
3. Orientar la inversión pública hacia áreas productivas como la construcción de caminos
vecinales, canales de riego, carreteras para el transporte de productos agrícolas hacia los
mercados nacionales e internacionales.
4. Aumentar la inversión pública en la capacitación vocacional, orientada hacia el empleo
productivo.
AGUA POTABLE:
Reducir a la mitad la población que no tiene acceso a agua mejorada para el 2020, para
cumplir con el objetivo 7 y meta 10, dentro de los objetivos del milenio.
El no acceso a este servicio es uno de los principales problemas sociales que afecta la
población dominicana. Según Endesa 2002, el 9.10% de las viviendas disponen de agua
por tubería dentro de la vivienda, siendo la zona rural la más afectada, y el 19.30% de los
hogares dominicanos disponen de agua en tubería fuera de la vivienda, e igualmente es
la zona rural la más afectada y, de ellos, la mayoría no reciba agua diariamente.
La carencia de agua produce grandes problemas de salud a la población, como son
infecciones gastrointestinales en la población infantil, y la acumulación de agua en
envases destapados favorece el desarrollo de infecciones como el dengue.
El compromiso del Proyecto de una Nación para Todos (as) es garantizar agua potable
por tubería a toda la población dominicana y para ello se propone: Invertir los recursos
económicos necesarios para mejorar el sistema de distribución de agua por tubería y el
acceso a todos los hogares de la misma, así como garantizar que el agua que llegue a
todos los hogares sea abundante y de alta calidad.
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SEGURIDAD CIUDADANA
La República Dominicana está entre los países latinoamericanos con mayor índice de
criminalidad. Ocupa el cuarto lugar. En el 2005, unas 2,400 personas perdieron la vida en
formas diferentes, por riñas, muertes a manos de la Policía, atracos y robos, etc. Lo peor
de todo es que se produce un aumento significativo de los homicidios,
independientemente del denominado Barrio Seguro, decretado por el Gobierno. Una
característica de la criminalidad en República Dominicana, es el carácter generalizado de
los crímenes, tanto de los homicidios, como de los robos y secuestros, dimensionadas
por las drogas.
Otra característica importante que se observa en los homicidios es que las mayorías de
ellos son vinculados a atracos y robos, incluyendo los intercambios de disparos con los
policías.
Muchos estudios se han realizado tratando de explicar el alto índice de criminalidad en
América Latina. Entre las diferentes causas están: el crecimiento demográfico en
diferentes ciudades, el bajo grado de escolaridad, las desigualdades sociales, las faltas
de oportunidades, la pobreza generalizada y otras.
Esta relación de los homicidios con el robo y el atraco explica la relación causal entre
delincuencia y pobreza. La concentración de la delincuencia en las grandes ciudades
explica los problemas demográficos, y las posibilidades de que los delincuentes se
encuentren más seguros en las grandes concentraciones humanas, y por otro lado, los
efectos de las migraciones sobre la delincuencia.
PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
EL PROYECTO DE NACIÓN DECENTE SE PROPONE:
1. Mejorar el acceso de los jóvenes al empleo bien remunerado.
2. Garantizar el acceso de las madres solteras desempleadas a una pensión que les
permita dedicarse más al cuidado familiar.
3. Incentivar a los jóvenes para que terminen los estudios secundarios.
4. Asesorías a los padres de jóvenes con rasgos violentos.
5. Garantizar una mayor presencia policial en barrios y pueblos
6. Reformar el Código Procesal Penal aumentando los castigos a los delincuentes
reincidentes.
7. Sometimiento a Policía Nacional a un proceso de depuración de sus miembros e
investigando las siguientes características: escolaridad, actitudes violentas y otras.
8. Mejoramiento del salario y capacitación de los policías depurados que se
mantengan en la institución.
9. Descentralización la gestión de la policía para la seguridad pública hacia los
municipios y así evitar los clanes corruptos que se forman en esta institución.
10. Profesionalizar la Policía y recalificar los miembros actuales, lo que implica
investigación de los bienes que posean, historial personal, análisis psicológico, y en
quienes se detecten vicios, corrupción y riesgo, excluirlos de las filas de esta institución e
implementar lo que establece la ley.
CAPITULO IV: REFORMAS CONSTITUTICIONALES
Uno de los principales males de la República Dominicana es la frecuencia con que las
fuerzas políticas que han dirigido el país, en los últimos años, han promovido reformas
constitucionales para atender a sus aspiraciones particulares. Solo dos reformas a la
Constitución han representado avances importantes para la Nación y, ambas, no han
podido ser puestas en práctica, porque los grupos tradicionales se han opuesto y han
realizados otras reformas que les permiten actuar en el escenario político sin
preocupación; el Movimiento Patria para Todos se propone producir una reforma
constitucional que una las instituciones públicas al pueblo y que le devuelve en el marco
de la democracia, el verdadero poder a la población para decidir sobre las cuestiones
fundamentales de la Nación.
LAS SIGUIENTES SON PROPUESTAS A LA REFORMA DE LA
CONSTITUCION:
1. Incorporar la Constituyente como instrumento para la reforma constitucional.
2. Incorporar la revocabilidad de los cargos frente a actos de corrupción debidamente
señalados en la Constitución.
3. Crear las figuras jurídicas del plebiscito y referéndum como mecanismos de toma de
decisión sobre cuestiones de interés nacional.
4. Instituir la prohibición de la reelección consecutiva a cargos electivos, incluyendo los
de Presidente, Vice-presidente, síndicos, regidores, diputados y senadores.
5. Descentralizar el Poder Político a nivel regional o provincial, confiriendo a los
municipios la seguridad pública, y por tanto, la administración de la Policía Municipal.
6. Crear el Poder Provincial o Regional con asamblea legislativa y mantener el poder
municipal.
7. Conjuntamente con el Congreso Nacional elegir el gabinete, quien deberá ratificar la
propuesta del Ejecutivo.
8. Descentralizar la administración de los presupuestos de las Secretarías para evitar el
uso indebido del Ejecutivo.
9. Consignar la independencia del ministerio publico
10.Eliminar los gobernadores provinciales.
11.Crear el congreso unicameral
CAPITULO V: PRESERVAR NUESTRO PATRIMONIO NATURAL
1) Consignar como principios constitucionales:
a) El derecho de cada ciudadano a disfrutar de un ambiente sano, libre de
contaminación. Como soporte de su vida y salud, el ser humano tiene derecho a gozar de
aire limpio, agua pura abundante, y suelos ricos en nutrientes.
b) Es deber del Estado y de cada ciudadano velar por ello y por la protección estricta
de los ecosistemas, de la fauna y la flora endémica y nativas; de los paisajes prístinos y
otros componentes de nuestra Naturaleza, como son el nacimiento y los cursos de aguas,
la riqueza lacuestre, las áreas protegidas, bosques diversos, especialmente las cuencas
altas.
Debe propugnar por el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, la protección de
playas y litorales, aguas territoriales y sus riquezas marinas e islotes, así como la
protección y el cuidado de las islas adyacentes y cayos.
Asegurar la inviolabilidad de nuestro patrimonio arqueológico. El uso racional y cuidadoso
de nuestras riquezas geológicas y minerales, la protección de las cuevas y cavernas, y la
belleza de los paisajes naturales.
c) Es obligación de Estado y, por tanto, el derecho de cada habitante de la República,
tener acceso a una alimentación rica en nutrientes, sana y balanceada, en cantidades
suficientes y al alcance a las posibilidades económicas de cada familia e individuo.
2. Se deben conceder las mas amplias facilidades e incentivos a quienes promuevan,
instalen o manufacturen los elementos que hagan posible el pleno uso de la energía
alternativa y muy especialmente el aprovechamiento de la luz solar – que es gratis y
abundante en el trópico- y sus derivados, como son la energía eólica e hidráulica, etanol,
biodiesel, etc.
3- El Estado debe conceder incentivos y facilidades a quienes practiquen la
agricultura orgánica, tanto para quienes produzcan para consumo de la población, como
para exportación.
4- Es menester una revisión profunda de todas las leyes ambientales.
La delimitación exacta y racional de las áreas protegidas contra la voracidad de
inversionistas que están tras un mal entendido turismo irracional y depredador,
sobornador de autoridades, para establecer centros de vicios, depravación y prostitución
en nuestro país.
Es menester regularizar el status de los predios que fueran expropiados sin la debida y
obligada compensación a sus legítimos dueños.
La ley ambiental debe ser reformulada para que garantice ejemplarizadoras sanciones a
quienes realizan acciones u obras destructoras de la Naturaleza, tanto rural como
urbana, y a quienes otorgan permisos de “Proyectos” dolosos encaminados a destruir
bosques, importar basuras y desechos, instalar plantas procesadoras, manufactureras y
envasadoras que contaminan y degradan el ambiente.
Se debe velar por la explotación adecuada de los yacimientos de metales y minerales sin
que perjudiquen el entorno y las comunidades circundantes.
5- Equilibrar el desarrollo con la protección de la Naturaleza mediante la estricta
aplicación de reglas y normas que rigen a países civilizados.
6- Los problemas de la Naturaleza deben, ante todo tener como premisa la ética
ambiental, la firme convicción de la necesidad de la preservación de la vida en el Planeta,
comenzando por nuestro propio hábitat. Debemos proteger no sólo al ser humano, sino a
todo tinglado que nos sostiene, desde las células microscópicas, hasta los aparentes
insignificantes seres vivos. Si se deterioran o destruyen los eslabones de los cuales
dependemos, peligra el resto, incluyendo, por supuesto, los habitantes de la Isla.
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CAPITULO VI: POLITICA DE GENERO:
Los diferentes gobiernos que ha tenido el país han fomentado políticas que tienden a
discriminar las mujeres en el acceso al trabajo decente, igual retribución salarial y la
participación en las direcciones del Estado dominicano, sin existir diferencias entre los
distintos gobiernos de las últimas décadas.
A pesar del aumento en el número de mujeres asistiendo a las escuelas y, en particular,
a la educación superior, los niveles salariales de éstas son un tercio del de los hombres,
lo que resulta en un incremento en los niveles de pobreza de las trabajadoras.
El acceso al empleo muestra una tendencia discriminatoria, pues el 11% de los hombres
entre 10-65 años están desempleados y entre las mujeres existe un desempleo del 28%.
Al igual sucede con los jóvenes, entre quienes el desempleo es superior al 36%, y que
cuando se trata de mujeres jóvenes, el mismo alcanza cifras alarmantes de hasta el
50%.
PROPUESTAS DE GENERO DEL PROYECTO DE NACION DEL
MOVIMIENTO PATRIA PARA TODOS
1. Garantizar el acceso a trabajo decente de las mujeres, con la instalación a nivel
nacional de estancias infantiles, que faciliten la integración de las mujeres al trabajo.
Estas estancias infantiles deben funcionar incluyendo al grave problema de las
adolescentes embarazadas, las cuales superan el 30% de todos los embarazos, para que
no les impida estudiar.
2. Fomentar la participación de las mujeres en actividades que generen salarios iguales
a los hombres
3. Fomentar que las actividades en que intervienen las mujeres se pague un salario
decente y sin discriminación.
4. Dar participación a las mujeres a nivel de las Secretarías de Estado y los diferentes
departamentos e instituciones públicas, así como proveer igualdad de oportunidades en
las elecciones para cargos públicos.
5. Desarrollar una política de protección a las mujeres frente a la agresividad de los
hombres, promoviendo castigos severos a los que las maltraten y a aquellos funcionarios
policiales y judiciales que resulten negligentes ante las denuncias de violencia contra
ellas.
6. Protección y ayudas solidarias para madres solteras.
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CAPITULO VII: RELACIONES INTERNACIONALES
Hoy tenemos un mundo que parece unipolar, pero con gran resistencia de las naciones y
pueblos por la defensa de la libertad, la autodeterminación y supervivencia de la
humanidad.
La globalización neoliberal se presenta agresiva para los países en vías de desarrollo y
pretende que sea aceptada como la única solución a los grandes males de la humanidad,
en especial a los problemas de la pobreza y de la contaminación ambiental.
Los grupos de Poder de Estados Unidos a través del “Consenso de Washington” han
creado una alianza estratégica con el resto de naciones más desarrolladas formando el
grupo de los diez (G-10) para discutir e imponer las políticas de dominación del Planeta, y
pretenden que los demás países se sometan a su voluntad e intereses.
El llamado Mundo en Desarrollo (Tercer Mundo) reivindica sus derechos a vivir con
dignidad y al uso de sus recursos naturales para su población y por la construcción de un
futuro promisorio.
Los países socialistas continúan su lucha por la creación de sociedades de bienestar
común, con autodeterminación y respetadas por todos (as), y por alcanzar altos niveles
de desarrollo y competitividad.
En este mundo complejo, dividido e incierto, el Gobierno del Movimiento Patria para
Todos (MPT) establecerá la siguiente política internacional:
1) Fomentará la construcción de un mundo de cooperación, ayuda y respeto mutuo,
bienestar común, progreso, libertad y paz.
2) Promoverá el comercio y relaciones con todas la naciones del mundo, priorizando
las del Caribe y América Latina.
3) Promoverá la colaboración e integración caribeña y latinoamericana tratando de
entrar a los diferentes bloques comerciales existentes.
4) Defensa de la biodiversidad y de los recursos naturales del Planeta para crear un
hábitat sano y seguro para la humanidad.
5) Resolver, definitivamente, los problemas migratorios y las relaciones comerciales
con Haití.
6) Defensa de nuestra soberanía e independencia de cualquier intromisión exterior y
rescate de nuestros recursos naturales en poder de extranjeros, siempre y cuando sus
posesiones sean contrarias a nuestras leyes, intereses y desarrollo independiente.
7) Revisión de las concesiones y contratos hechos con empresas y personas
extranjeras, considerados lesivos a los intereses nacionales.
8) Respeto y garantía a las inversiones extranjeras sanas, realizadas bajo el amparo
de la Constitución y Ley de Inversión Extranjera, y que sean respetuosas de las mismas
y del interés nacional.
