El sistema de salud dominicano se caracteriza por una cobertura de aseguramiento que excluye a más de 4 millones de personas, con prestaciones en medicamentos, procedimientos diagnósticos y terapéutica muy limitados, por lo que a mayor parte de la población gasta grandes recursos económicos en dichos servicios.
Estas exclusiones favorecen la mortalidad materna, infantil y general, además de la alta tasa de discapacidad que caracteriza la población, lo que afecta fundamentalmente la población más pobre y reduce la expectativa de vida.
Las dos causas principales de estos problemas son la privatización puesta en marcha con la Ley de Seguridad Social 87-01 del año 2001, que favoreció a los seguros privados para gestionar la atención en salud de la población trabajadora y sus familiares y el limitado financiamiento público que afecta el aseguramiento total de la población y la calidad de atención del principal prestador de servicios que son, los hospitales estatales.
1.8% del Producto Interno Bruto es el financiamiento público de los servicios de salud del país, lo que representa el 50% del promedio de América Latina.
Propuesta para mejorar el acceso a los servicios de salud
- Una reforma integral que ataque las causas sociales y económicas que afectan la salud de la población como: desempleo, bajo salario, viviendas vulnerables, contaminación ambiental, consumo excesivo de alcohol, sal, comidas rápidas, grasas saturadas, inseguridad ciudadana, sistema de transporte, entre otros.
- Una política productiva orientada a estimular la alimentación saludable, como es el consumo de vegetales, pescado, aves, frutas, entre otras.
- Una reforma que limite o excluya el papel de las ARS.
- Un presupuesto para el sector salud equivalente al 4 % del Producto Interno Bruto, que garantice mejorar las prestaciones de los hospitales público, acceso ilimitado a medicamentos y atención a cualquier situación que afecte la salud y cobertura universal al Seguro Familiar de Salud.
- Estructurar la capacidad de prestación de servicio de salud de los niveles de atención del sector público, para que cada centro cumpla con los servicios según el perfil epidemiológico del área geográfica y la población que le corresponda.
- Garantizar que los recursos humanos dedicados al sector público tengan una compensación económica que le permita cubrir sus necesidades fundamentales sin recurrir al multiempleo.
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